La advertencia de los rectores de las universidades públicas: desde el congelamiento de recursos hasta la desinversión

Esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a 71 instituciones universitarias públicas, advirtió que está en riesgo el “pleno funcionamiento” por falta de fondos en el caso “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo”.

Esto fue transmitido en el plenario ampliado luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresara también su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior.

El principal punto que cuestionan es el congelamiento de los fondos por la prórroga del Presupuesto 2023. Los rectores aducen que, a partir de mediados de marzo, cuando las casas de estudios retomen plena actividad (tras estas semanas de exámenes finales y cursos de verano), enfrentarán serias dificultades para cubrir los gastos.

Para el CIN el actual panorama es “crítico”.

“Hemos garantizado, en condiciones muy difíciles, la continuidad de las actividades en cumplimiento de nuestra misión, pero es tiempo de advertir la gravedad que la situación impone”, dice el documento difundido.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo dialogó con El Chorrillero y avisó que “se está formando una tormenta perfecta para un año complicado”.

“Es un escenario que nos aqueja, sobre todo en el tema presupuestario. Se decidió sacar el comunicado que expresa que nos encontramos muy en alerta en función de lo que vemos. Tenemos la misma impresión que tienen los gobernadores, de que hay un ajuste feroz por parte del Estado Nacional”, sostuvo.

Y agregó: “Entendemos el mandato, uno es muy respetuoso de las mayorías que ha constituido este Gobierno, pero también hay que entender de que uno está acá para solucionar problemas, mientras que ve que desde Nación no los quieren solucionar, sino agravar”.

A lo largo de la misiva del CIN los rectores hicieron hincapié en diferentes puntos a resolver, tal como los gastos de funcionamiento ante la fuerte aceleración inflacionaria y el congelamiento de los recursos; también la necesidad de actualizar los salarios de docentes y no docentes, que este año se discuten en una paritaria conjunta.

A ellos se le suma la intranquilidad por la discontinuidad de la inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas. Al igual que piden garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

El contexto se agrava aún más para los docentes de los colegios preuniversitarios, afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que implica una caída del salario nominal.

Otro dato en medio de los reclamos es que la semana pasada el presidente, Carlos Greco (rector de la Universidad Nacional de San Martín), y Moriñigo fueron recibidos por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí transmitieron la preocupación.

“En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47 millones de argentinas y argentinos”, expresaron los rectores.

Al final del documento, afirmaron: “Sostener el valor estratégico de la educación universitaria pública, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”.

Así, con los problemas planteados, una recomposición de los recursos para el año en curso requeriría de una inversión tres veces superior a la actual con el cálculo hasta febrero.

Moriñigo precisó que el 90% del Presupuesto que manejan en la UNSL se destina al pago de salarios, mientras que el 10% restante se distribuye en gastos de funcionamiento como infraestructura, programas, etc.

Para graficar el diagnóstico trajo un ejemplo terrenal: “Para el año pasado teníamos diagramado alrededor de $100 millones para pagar la tarifa de luz. Hoy se estima que podríamos superar los $200 millones”.

En este sentido comentó que, si bien los proyectos científicos que ya venían funcionando lo seguirán haciendo y “no corren peligro”, otras iniciativas e ideas no lo podrán hacer. “Esto nos pone la agenda en otro lado, nos demora y nos distrae muchísimo”, manifestó.

“Hoy mandar un grupo de chicos geólogos a El Morro a tener su asignatura, requiere costear la nafta con un valor seis veces mayor. Ni hablar que un insumo en una mesada para hacer un trabajo práctico de farmacia, de bioquímica o de química sale siete veces más. Ni hablar de arreglar un equipo del Conicet, de un laboratorio, un freezer, no lo vamos a poder hacer porque no alcanza el dinero, se valúan en dólares”, resaltó.

Con el comienzo del dictado de clases a la vuelta de la esquina y con una paritaria en pleno conflicto (el Gobierno ofreció 16% de actualización para febrero y fue rechazado por los gremios), la preocupación por la suspensión del ciclo lectivo aumenta.

“Me preocupa porque como universitario que soy, estudiante que fui, lo que menos me gusta es una universidad cerrada, de paro o con edificios tomados. Ahora, me preocupa que, de no cambiar la postura que tiene el Gobierno Nacional con los sindicatos y con los rectores, es casi inevitable que vayamos a ese escenario de lucha”, precisó.

Más allá de lo mencionado, para la máxima autoridad de la UNSL “hoy los gremios saben que ir a una suspensión de actividades intempestiva es justamente hacerle el caldo gordo a aquellos que quieren que todo sea ineficiente, que sea criticado”.

Y pregonó que “entre todos, estudiantes, gestores, rectores y gremios, entendamos que la única salida quizás no sea el paro. Lo primero que tenemos que hacer es ganarnos la calle, que el señor que está en la despensa, que el remisero, que el changarín, sepan que la universidad no está en su contra, sino que está abierta y está dispuesta a que sus hijos o nietos vengan a estudiar”.